Fusión Paramount-Warner: Maniobras orquestales en la oscuridad

Cualquiera diría que el nuevo ente Paramount-Warner sería una especie de Anillo Único para dominar y sojuzgar a toda la humanidad, a tenor de la enconada lucha que se está produciendo para lograr (o impedir) la fusión que daría pie a una gran compañía, como tantas veces ha ocurrido por otra parte en el pasado.

El deterioro de las negociaciones institucionales quedó escenificado en la abrupta cancelación de la reunión bilateral entre el Fiscal General de California, Rob Bonta, y la alta dirección de Paramount que preside David Ellison. El encuentro, clave para intentar destrabar el bloqueo regulatorio a nivel estatal, y que debía haberse celebrado el pasado lunes 24 de agosto saltó por los aires tras agrias acusaciones por parte de la fiscalía, que acusó a la compañía de filtrar interesadamente detalles confidenciales a la prensa, algo que en Paramount desmienten tajantemente.

Desde el entorno de la fiscalía californiana se lanza el mensaje de que Paramount busca litigar en el "tribunal de la opinión pública" más que sustentar un caso sólido en los juzgados. Esta estrategia de presión mediática ha enrarecido el clima de negociación, dinamitando la neutralidad del proceso administrativo y convirtiendo las conversaciones formales en un cruce constante de reproches.

Ante el bloqueo, el poder político local ha entrado en estado de pánico. El gobernador de California Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass están ejerciendo una presión feroz para forzar entre las partes un acuerdo razonable. El motivo principal es la amenaza velada —pero real— de Paramount de liquidar su presencia histórica en el estado y trasladar sus oficinas centrales y centros de producción al estado de Tennessee. La pérdida de los platós, empleos directos e impuestos corporativos de un gigante fusionado representaría un golpe devastador para la economía de Los Ángeles y la hegemonía del sur de California como capital mundial del cine.

Más allá de la política, el factor tiempo juega despiadadamente en contra de Paramount. El contrato de fusión estipula que, a partir del próximo mes de octubre, si la transacción no ha culminado, la compañía deberá abonar a Warner una indemnización acordada de 650 millones de dólares por trimestre en concepto de penalización por demora.

Para contrarrestar esta asfixia financiera motivada por los litigios, Paramount ha lanzado un órdago judicial sin precedentes: ha solicitado formalmente que los estados demandantes (encabezados por California) constituyan un fondo de garantía económico. El objetivo de este fondo sería cubrir y reembolsar a la empresa los cientos de millones de dólares en pérdidas y penalizaciones acumuladas en caso de que los tribunales decidan finalmente que la fusión era legal y los bloqueos autonómicos carecían de fundamento.

El argumento central de la defensa de Paramount es que el proceso carece de vicios contra la competencia (antitrust). Desde la compañía recuerdan que el proyecto ya ha superado con éxito los exámenes de las entidades reguladoras más exigentes del planeta, lo que supone un importante aval internacional:

• Estados Unidos: Aprobación por las agencias federales (FTC/DOJ).
• Unión Europea: Visto bueno de la Comisión Europea.
• Reino Unido: Aprobación de la CMA (Competition and Markets Authority).
• China: Autorización de los organismos antimonopolio estatales.

Dado este blindaje regulatorio internacional y federal, Paramount insiste en que las tramas de bloqueo emprendidas a nivel estatal carecen de sustento técnico-económico real. En realidad, resulta inevitable vislumbrar la sombra de la política partidista detrás del contencioso. En el centro de la discordia se halla la cadena de noticias CNN, un activo estratégico incluido en la estructura de Warner.

En los círculos demócratas cunde el rechazo ante la posibilidad de que la señal de noticias caiga bajo el control de una nueva directiva percibida como afín o próxima al entorno de Donald Trump. La perspectiva de una reconfiguración editorial en la gran cadena informativa del país ha transformado lo que debía ser un litigio mercantil en una batalla de trinchera ideológica a las puertas del ciclo electoral con las "mid-tem" de noviembre.