Apagón cinematográfico

Un total de 3.770 salas no proyectaron película alguna el lunes 18 de junio, de las 4.053 que existen en España. El apagón cinematográfico convocado por FECE fue ampliamente seguido en toda España, y en algunas comunidades autónomas como Madrid y Andalucía el respaldo alcanzó al 95% de los puntos de exhibición. Entre las salas que no secundaron la iniciativa destacan las especializadas en cine de autor y versión original, o sea, las del grupo Verdi y Altafilms, que en realidad cumplen las cuotas sin que nadie tenga necesidad de exigirles dicho cumplimiento. En realidad, a productores-exhibidores como Enrique González Macho, presidente de Altafilms, que piensan que el doblaje de películas perjudica al cine español a la hora de competir, les parecen bien medidas proteccionistas como las cuotas de pantalla.

No es la primera vez que FECE presiona al gobierno de turno con el cierre de salas, en protesta por medidas como la imposición de una cuota de pantalla. Ya en 1993 hicieron algo semejante cuando se tramitaba un decreto ley –algunas de sus medidas siguen en vigor–, sin lograr cambios en la política gubernamental. Las declaraciones de la ministra de cultura Carmen Calvo –“sería una contradicción insostenible desde el punto de vista de la racionalidad [derogar la cuota de pantalla], ya que esta ley se hace para mejorar el cine de nuestro país”– invitan a pensar que las demandas de los exhibidores no serán atendidas.

Los actores, otro sector que manifestó discrepancias con la ley, parece seguir la táctica de “nadar y guardar la ropa”, tal vez porque cree que su apoyo en el pasado a causas socialistas –el “nunca mais” y el “no a la guerra”– acabará siendo recompensado. Así, la actriz Pilar Bardem, presidenta de Artistas e Intérpretes de la Sociedad de Gestión (AISGE), trató de aclarar que los actores no están en contra de la ley de cine, y que la cuota de pantalla es "totalmente necesaria". Lo que desean es que el papel de los actores sea explícitamente recogido en la nueva ley, algo que en el borrador actual no sucede. Y parece que la vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega está por la labor.