España lanza su ley antidescarga de películas

Entonces levantó una enorme polvareda el hecho de que la Comisión de la Propiedad Intelectual, sin mandato judicial, estaría facultada para ordenar el cierre de páginas web donde estimara que se estaban vulnerando derechos sobre esta cuestión. En lo aprobado hoy se producen rectificaciones, finalmente serán los jueces los que podrán cerrar las polémicas páginas web.

La idea es que la Comisión de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, recogerá las denuncias por vía administrativa, y tras estudiarlas las canalizará por la vía judicial si es el caso, hasta la Audiencia Nacional. El procedimiento será como sigue: tras recibir una denuncia, la Comisión decidirá si se conculcan derechos de propiedad intelectual y lo comunicará al responsable de la web. Ésta tendrá un plazo de alegaciones, tras el cual, si la Comisión considera que se sigue infringiendo la ley, ordenará la retirada de contenidos o el bloqueo de todo el website. Si se hace caso omiso a tal orden, entonces la Comisión pedirá el bloqueo o cierre del sitio de manera cautelar, algo que se puede recurrir. El juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tendrá un plazo de cuatro días para tratar de poner de acuerdo a las partes, y dictaminar si procede o no el bloqueo de la página web denunciada.

El ministro de justicia, Francisco Caamaño, asegura que se ha optado por seguir “el procedimiento más ágil que existe en nuestro derecho, que es el que protege derechos fundamentales”. Y es que en efecto la polémica normativo afecta a los derechos de libertad de expresión, libertad de información y propiedad intelectual.