Pese a que estos días la Policía Nacional está atareada con su labor en la lucha contra el coronavirus, aún tiene efectivos para hacer frente a delitos habituales, como la piratería audiovisual.
A partir de una denuncia de EGEDA, Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales, la Policía Nacional ha desarticulado un entramado criminal que suministraba ilegalmente servicios audiovisuales y de televisión a más de 15.000 usuarios en España, utilizando el método denominado IPTV, a través de grupos cerrados en redes sociales que dificultan extremadamente estas investigaciones.
Los autores del delito, ahora detenidos, operaban desde Zamora, Salamanca, Córdoba, Valencia y Málaga. Se les han incautado siete lingotes de oro, 11.000 euros en efectivo y numeroso material informático además de teléfonos móviles. Se calcula que el perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública española ha sido de más de 3 millones de euros y a los titulares de derechos de casi 12 millones de euros.
La industria audiovisual está compuesta por pequeñas empresas y autónomos que en estos momentos están viviendo una situación dramática, como en otros muchos sectores, con cese total de actividad. Lo menos que necesita ahora el sector, es que, además, de sufrir como el resto de la sociedad las consecuencias del Covid-19, algunos desalmados sigan robando la autoría de sus obras y sus derechos a sus legítimos dueños.
