La nueva ley del cine amplía las ayudas a la producción de series, mientras que la Filmoteca Española recibe la protección de BIC (Bien de Interés Cultural), lo que asegura el cuidado del patrimonio audiovisual que se conserva en sus distintos almacenes y centros de restauración.
Otra de las novedades del texto legal estriba en que se mantiene la definición de productor independiente, uno de los campos de batalla de los últimos años del sector. El anteproyecto de la Ley del Cine que está previsto que salga este martes del Consejo de Ministros, será el texto que desarrolle el reglamento del marco legislativo la que concrete las medidas ahora apuntadas, pero la norma jurídica contiene suficientes mandatos novedosos como para entender la trascendencia de algunos de sus títulos.
Según publica El País, que ha tenido acceso al texto legal, la nueva ley del cine protege con ayudas específicas las películas y series independientes. De esta forma, se apacigua a este sector, pues los productores independientes llevan meses protestando porque se iba a considerar como tales a los que procedieran de grandes compañías audiovisuales si preparaban un proyecto para otro conglomerado.
El anteproyecto ha tardado mucho tiempo en cuajar:, pues hace diez meses parecía inminente su paso por el Consejo de Ministros. Ha sufrido numerosas variaciones. Según el preámbulo del nuevo texto, un anteproyecto que ahora se bautiza como Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual para remarcar el cambio de paradigma, se busca “el fortalecimiento y apoyo de toda la cadena de valor del tejido creativo e industrial que opera en el ámbito de la cinematografía y del audiovisual, con especial atención a los sectores independientes; el respaldo a los autores y autoras y al pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, la adaptación a las nuevas tecnologías, formatos y hábitos de consumo, en paralelo al devenir de los procesos de digitalización y de desarrollo sostenible; la defensa de la competencia y los equilibrios en el mercado audiovisual, y la puesta en valor del patrimonio audiovisual, a través de su reivindicación, del desarrollo de audiencias y de programas educativos”.
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Está previsto que “el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) pueda conceder ayudas a distribuidoras independientes para la distribución de obras audiovisuales a través de servicios de comunicación audiovisual, principalmente a los de acceso condicional”. No se limitan a las películas que vayana las salas de cine. El paso del texto por el Consejo de Ministros permite que pueda aprobarse antes de que se termine la presente legislatura.
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