Hace unos años la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) aglutinaba a todas las asociaciones nacionales de empresarios cinematográficos. Estaba considerado el principal interlocutor del gobierno a la hora de negociar las leyes sobre el Séptimo Arte.
Sin embargo, en los últimos tiempos, la institución ha ido desintegrándose, poco a poco. En 2015 la abandonaron los Productores Audiovisuales Federados de Cataluña (PROA) y la Asociación Madrileña Audiovisual (AMA), el pasado verano desertó DIBOOS, asociación de productores de animación, y en octubre pasado hacía lo propio la Asociación Estatal de Cine (AEC), la más potente, pues aglutina al 90 por ciento del sector, alegando "falta de liderazgo intelectual y moral". "Para mis asociados, ya no tenía sentido estar en una asociación que no representaba el consenso, ni atendía sus necesidades, ya fueran grandes, o pequeños, de cine o de televisión. Para nosotros, carecía de valor seguir en FAPAE", declaró Francisco Ramos, presidente de AEC.
Ahora, El País adelanta que sus oficinas en la Ciudad de la Imagen, de Madrid, están cerradas, arrastra una deuda de un millón de euros, y está abocada a un concurso de acreedores. "Yo tomaré esa decisión porque soy el único que queda", afirma Ramón Colom, presidente desde diciembre de 2013. En septiembre tuvo lugar un proceso electoral para sustituirle al que no se presentó nadie.
Entre otros problemas, FAPAE se ha encontrado con recortes de presupuesto continuos de EGEDA, la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, su principal financiador. La crisis comenzó en 2011, cuando se encargaron unos cursos de formación de empleo, financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a Editrain, una empresa que poco después se declaró en concurso de acreedores. Puesto que FAPAE había pagado por adelantado, el dinero desapareció.
