Donald Trump ha vuelto a la carga con una de sus ideas más controvertidas: imponer aranceles a las películas extranjeras y a las que se rueden fuera de Estados Unidos. Pero lo que muchos ignoran es que países como España ya aplican impuestos, tasas y barreras administrativas a las producciones que llegan desde el extranjero. El proteccionismo cultural no es sólo una cuestión americana.
Donald Trump vuelve a colocar al cine en el centro del debate político. El presidente de Estados Unidos ha anunciado su intención de imponer aranceles a las películas extranjeras. No sólo eso: también apuntó a las producciones estadounidenses filmadas fuera del país, a las que quiere penalizar fiscalmente. "El cine americano debería hacerse en América, con trabajadores americanos", ha sentenciado. Con esta propuesta, busca reindustrializar Hollywood y convertirlo, una vez más, en un estandarte de su mensaje de "América Primero".
La reacción no se ha hecho esperar. Cineastas, productores y plataformas han criticado la medida por su carácter proteccionista y por su potencial para fragmentar un mercado audiovisual que es, por definición, global. Pero lo que muchos pasan por alto es que esa idea de "proteger" la industria propia mediante herramientas fiscales no es exclusiva de Estados Unidos. En España, por ejemplo, cualquier película extranjera que quiera ser exhibida o distribuida también debe enfrentarse a una serie de impuestos y requisitos administrativos.
El primer filtro: el IVA
En España, la primera traba es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en realidad un arancel. Desde 2018, las entradas de cine disfrutan de un tipo reducido del 10%. Sin embargo, no todas las formas de distribución audiovisual gozan de esa ventaja. Las películas que se ofrecen en plataformas digitales, como Netflix, Amazon Prime Video o Filmin, están sujetas al tipo general del 21%, tanto si son españolas como si provienen del extranjero.
Este impuesto se aplica al consumidor final, pero tiene un impacto directo en los ingresos que reciben las productoras y distribuidoras. En la práctica, encarece el acceso a contenidos y puede dificultar la competitividad de películas que no cuentan con el respaldo de grandes campañas publicitarias.
La fiscalidad no termina ahí. Cuando una distribuidora española adquiere los derechos para exhibir una película extranjera, los pagos que realiza al titular de los derechos están sujetos a retenciones fiscales. Por defecto, el porcentaje puede llegar hasta el 24%, aunque la cifra depende del país de origen.
Muchos países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Argentina o México, tienen convenios con España para evitar la doble imposición. Estos acuerdos permiten reducir o incluso eliminar la retención, siempre que se presenten los certificados adecuados. Sin embargo, el proceso burocrático puede ser lento y farragoso, especialmente cuando se trata de películas independientes o distribuidoras pequeñas.
El filtro del ICAA
Toda película que quiera exhibirse en cines españoles necesita una calificación por edades emitida por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), que depende del Ministerio de Cultura. Este paso es obligatorio tanto para películas nacionales como extranjeras, y tiene un coste administrativo que oscila entre los 30 y los 150 euros, dependiendo de la duración del film.
Aunque no se trata de un impuesto como tal, esta tasa es una condición previa para acceder al mercado español. Sin ella, ninguna cinta puede vender entradas legalmente.
Y si la película tiene éxito, hay más. Los beneficios generados en España por la explotación de obras extranjeras tributan mediante el Impuesto sobre Sociedades, siempre que la empresa que cobra esté registrada en territorio nacional. El tipo general es del 25%.
Esto afecta principalmente a las distribuidoras locales que adquieren derechos de films internacionales. Pero también puede implicar a productoras extranjeras si han establecido una filial en España para gestionar sus ingresos, como en el caso de Disney, Warner y Universal.
El cine es una industria cada vez más global, pero los marcos regulatorios siguen siendo nacionales. Cada país aplica sus propias reglas fiscales y administrativas, lo que puede suponer un laberinto para las productoras que aspiran a una distribución internacional.
En este sentido, España no es una excepción. Aunque no impone aranceles ni cuotas específicas a las películas extranjeras, sí establece una serie de condiciones que, en la práctica, funcionan como filtros. El IVA, las retenciones fiscales, las tasas administrativas y los costes técnicos forman una barrera de entrada que solo los proyectos más solventes pueden sortear con facilidad.
Comparación internacional
El caso español se asemeja al de otros países europeos. En Francia, por ejemplo, existe un impuesto específico sobre los ingresos generados por las plataformas de streaming, que se destina a financiar el cine francés. En Alemania, las películas extranjeras también deben pagar tasas de registro y adaptación técnica.
En algunos países latinoamericanos, como Brasil o Argentina, se aplican cuotas de pantalla que obligan a las salas a reservar un porcentaje de su programación para cine nacional. Estas medidas buscan proteger la producción local frente al dominio de Hollywood.
El debate, en el fondo, es cultural. Donald Trump plantea sus aranceles como una forma de proteger los empleos en Estados Unidos. En Europa, las medidas fiscales se justifican como una herramienta para mantener la diversidad cultural. En ambos casos, el objetivo es similar: asegurar que las industrias nacionales no queden relegadas por la máquina global del entretenimiento.
La paradoja es que, mientras Donald Trump se presenta como un líder disruptivo, sus propuestas no son tan diferentes de las que ya aplican muchos de sus críticos. El proteccionismo cultural está mucho más extendido de lo que parece. Y el cine, como cualquier otra industria, sigue siendo un terreno donde la política y la economía se dan la mano.
