Cuesta mucho quitar la mala fama al cine español, que se ha producido sobre todo por dos motivos, el “no a la guerra” de los Goya y la obsesión de algunos de sus representantes (sobre todo actores) por insistir de forma agresiva en su militancia política, y la picaresca a la hora de obtener ayudas públicas y vivir del cuento.
Al menos la justicia combate a veces el segundo problema. Ahora, el Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid ha condenado a dos exhibidores y productores de cine, los hermanos Jaume y Antonio Solé Viñas, a cinco meses de cárcel y una multa, por un delito de fraude a las subvenciones, y otro de falsedad documental.
Los acusados solicitaron al Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA), que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la friolera de 2,2 millones de euros –como si a los ciudadanos no les costara sudor pagar impuestos–, a través de sus compañías, Luna Exhibition S.L. (exhibidora) y ABC Producción Barcelona (productora). Esta cantidad iba destinada en teoría a potenciar la distribución de tres películas de 2009, La zona muerta, dirigida por Milan Todorovic, Pecador, de Alessandro Perrella, y La última mirada, de Víctor Jorge Ruiz.
Puesto que la legislación vigente requiere que cada cinta haya tenido un número mínimo de espectadores para poder acceder a las ayudas del ICAA, ambos procesados argumentaron que se habían proyectado entre el 11 y el 31 de agosto de 2010 en 95 pueblos de diversas comunidades autónomas, sobre todo Andalucía, Extremadura, Murcia y Asturias. Sin embargo, la fiscalía ha consultado a los ayuntamientos de todos estos municipios, que han negado en su totalidad que hubieran tenido lugar estos pases.
Si se consulta a los críticos e informadores de cine, que normalmente asisten a proyecciones de la mayoría de estrenos españoles, incluso de aquellos que posteriormente pasan totalmente desapercibidos por el público… ¡casi todos desconocerán estos filmes!
