La Ley de Propiedad Intelectual, conocida popularmente como Ley Lassalle, en referencia a José María Lassalle, secretario de estado de Cultura, ha sido aprobada en el Pleno del Senado con los votos del Grupo Popular. Por ahora, el texto legal ha obtenido seis propuestas de veto y más de 200 enmiendas por parte de la oposición, y a nivel de los ciudadanos no parece contentar a nadie.
El texto, que acaba de pasar su penúltimo trámite, antes de su aprobación definitiva por el Congreso, endurece sustancialmente las sanciones contra los intercambios no autorizados de material protegido en internet. Las sanciones administrativas contra quienes desobedezcan las resoluciones de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual serán un "elemento disuasorio" al duplicarse las multas máximas, de 300.000 euros hasta los 600.000 para los sitios de enlaces que incumplan el requerimiento de retirar contenidos declarados infractores. Las multas mínimas también crecen y pasan de los 30.000 hasta los 150.001 euros.
El proyecto cuenta con la oposición de las entidades de gestión, los representantes de la industria cultural y otros colectivos. Antonio Guisasola, presidente de Adepi (asociación que agrupa a ocho entidades de gestión) asegura que si se aprueba la ley la impugnarán "ante las instituciones comunitarias", y presentarán "reclamaciones por perjuicio patrimonial contra España que, si Europa termina por dar la razón a las entidades, podrían suponer cientos de millones de euros a medio plazo".
En lo referente a los derechos de autor, se constituirá una ventanilla única, para facturación y pago. El texto también regula otros temas que levantan ampollas, como la compensación por copia privada y la que recibirán los agregadores de noticias a los editores, conocida como "tasa Google".
Artistas, intérpretes y cineastas se manifestaron el 30 de septiembre y el 14 de octubre en contra del texto legal, pues alegan que implica una reducción cercana al 45 por ciento en el reparto de las entidades de gestión a sus socios. "Da la puntilla al sector cultural", declaró Abel Martín, director general de Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE).
Todo indica que la ley pasará por la cámara baja la próxima semana, por lo que entraría en vigor el 1 de enero de 2015. Pero según ha especificado en varias ocasiones José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte, ésta es una reforma parcial, puesto que el Gobierno realizará una modificación de "más amplio calado" previsiblemente el año que viene, después de la aprobación de una directiva comunitaria sobre propiedad intelectual.
