El gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero es como una caja de bombones, que diría Forrest Gump. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Se había dicho que la futura Ley del Cine quedaba aplazada para una futura legislatura, visto el desacuerdo generado por los primeros borradores. Sin embargo, ayer viernes, tras el consejo de ministros, comparecieron en rueda de prensa la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y la ministra de cultura Carmen Calvo para presentar el proyecto de ley que remitirán al parlamento
La gran novedad del nuevo proyecto se llama desgravación fiscal. Las empresas ajenas al sector cinematográfico e incluso personas físicas que aporten capital a proyectos fílmicos podrán desgravar el 18% de lo invertido, frente al 5% actual, lo que les iguala a los mismísimos productores audiovisuales. Sin duda que esta medida puede animar a empresas de muy diversa índole a inyectar capital en el cine… siempre que se les presente proyectos atractivos, claro está.
Por otro lado, se ha rectificado la idea de que las televisiones verían aumentado en un punto –al 6%– la obligación de reinvertir sus beneficios en producciones cinematográficas. La ley no aludirá al tema, y simplemente se mantendrá en vigor el decreto ley que obliga a una inversión del 5%, algo que parece ha satisfecho a las televisiones privadas asociadas en UTECA. En efecto, UTECA cuenta con que sea un recurso a su favor, que deben resolver los tribunales europeos, el que elimine incluso la obligación de invertir ese 5%.
Por otro lado el Instituto de Ciencias y Artes Cinematográficas (ICAA) se constituirá en Agencia Estatal, lo que se supone dotará al organismo de mayor autonomía. Y aumentará la dotación del Fondo Nacional de la Cinematografía, lo que es de suponer, significará más ayudas, o sea subvenciones. El proyecto legislativo también define las figuras del productor independiente, que atiende una demanda de los productores integrados en FAPAE que no acababa de agradar a las televisiones, pues sus filiales no tendrán cabida bajo esas figuras, y las inversiones a realizar han de ser en producciones independientes.
El sector menos satisfecho con este proyecto es el de los exhibidores. Se mantendrán las cuotas de pantalla, aunque con más flexibilidad, contabilizando por sesiones programadas y no por películas. Y se queja FECE de que la ley no establece medios para evitar los abusos de las ‘majors’ al colocar sus películas, a pesar de las sentencias del Tribunal para la Defensa de la Competencia favorables a los dueños de las salas.
