El clima político actual se ha convertido en un elemento tóxico para los grandes festivales de cine, transformando lo que debería ser una celebración del Séptimo Arte en emboscadas donde los creadores son acorralados para que se posicionen sobre cuestiones candentes.
El Festival de Cine de Venecia ha cortado por lo sano para evitar problemas: muerto el perro, se acabó la rabia. Así que ha cancelado por primera vez en décadas la tradicional rueda de prensa del jurado, que este año preside Maggie Gyllenhaal. Aunque la organización alegó los típicos “problemas de agenda”, a nadie se le escapa que el auténtico trasfondo es la presión política: las conferencias de prensa se han convertido en momentos desagradables donde a los cineastas se les pregunta de todo menos de cine, exigiendo que se posicionen sobre el conflicto de Gaza, el cambio climático o la ideología de género.
El nivel de toxicidad y vigilancia política ha llegado a un punto en el que muchos cineastas y actores pueden preferir declinar la invitación a ser jurados en Cannes, San Sebastián, Venecia o Berlín antes que someterse al escrutinio e interrogatorio inquisitorial de los supuestos periodistas de cine.
En la Berlinale, el presidente del jurado Wim Wenders fue duramente criticado por sugerir que los cineastas debían mantenerse al margen de la política y centrarse en generar empatía a través del cine en lugar de actuar como portavoces ideológicos. Y el año pasado en Venecia, el cineasta Alexander Payne, que presidía el jurado, generó polémica simplemente por negarse a dar su opinión personal sobre la guerra en Gaza.
En Venecia el debate también ha salpicado la selección de títulos. Ante las críticas por haber solo una mujer directora en la competición oficial, el director del festival, Alberto Barbera, defendió que la calidad artística debe ser el único criterio, rechazando la imposición de cuotas de género que primen la agenda política sobre el arte.
