La Comisión Europea ha dictaminado que se debe modificar la controvertida Ley del Cine de Cataluña, que obliga a que el 50 por ciento de las películas que se distribuyan en la comunidad autónoma sean en catalán (a excepción de las cintas españolas que sean en español).
Esto causó una gran polémica en su momento, durante el tripartito de José Montilla, pues distribuidoras y exhibidores se quejan de que les parece inútil y no les resulta rentable. Las salas se pusieron en huelga para protestar contra la aprobación del texto.
Ahora, la Comisión obliga a cambiar esta parte de la ley en el plazo de dos meses, pues contradice las normas de la Unión Europea sobre libre circulación de servicios. Además, la califica de "discriminatoria", pues se entiende que perjudica al cine europeo, que ya de por sí es "menos competitivo", y que para poder proyectarse debe afrontar el doble gasto en doblaje o subtitulado. "Este hecho hace más costosa, y por tanto más difícil la circulación de obras europeas no españolas".
En realidad la norma nunca se ha llegado a aplicar. Aún no se ha desarrollado su reglamento, así que la Generalitat llegó a un acuerdo con las empresas del cine, para dejar en 25 el número de estrenos en catalán subtitulado o doblado en 2012. A cambio, el Govern los apoyaría con una subvención.
La Comisión Europea considera "legítimas" las políticas de promoción de lenguas, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho europeo. Además, las medidas deben ser proporcionadas al objetivo perseguido. De esta forma, si en el plazo marcado no se ha cambiado el texto legal, la Comisión recurrirá al Tribunal de Justicia de la UE.
Al conocer la noticia, Ferran Mascarell, consejero de Cultura de la Generalitat, ha explicado que empezará a trabajar con los otros grupos parlamentarios con los que se negoció la ley, para encajar la normativa de acuerdo con la resolución europea.
Por su parte, Artur Mas, actual presidente de la Generalitat, ha declarado que se adaptará la ley "por supuesto" a las directrices europeas. Sin embargo, afirma que esto se hará "sin romper la filosofía de la ley, que consiste en promover el uso del catalán".
