Alguien tiene que saber (2026), de Fernando Guzzoni

“True Crime” dramatizado que reconstruye en ocho capítulos uno de los casos más mediáticos y dolorosos de Chile: la desaparición de Jorge Matute Johns en 1999. Se han cambiado los nombres de los protagonistas, y se han añadido situaciones ficticias y algunos personajes. El eje narrativo se construye alrededor de la investigación, las contradicciones institucionales y el desgaste emocional de una familia que no obtiene respuestas.

La historia arranca en Concepción, donde Julio Montoya sale con uno de sus mejores amigos y dos chicas. El grupo acaba en La Cucaracha, discoteca de moda abarrotada de jóvenes. Al día siguiente su madre, Vanessa, descubre que el chico no ha dormido en casa, por lo que intenta localizarle, sin éxito. Cuando se da cuenta de que algo extraño ha ocurrido denuncia la situación y la policía inicia las primeras pesquisas, aunque pronto surgen inconsistencias en los testimonios de quienes estuvieron en el local. Algunos detalles no encajan, otros se omiten y los investigadores no saben por dónde tirar.

No se trata de un thriller al uso, pues tiene un ritmo deliberadamente lento. Aunque se exponen pistas incompletas, se siembra la duda sobre la veracidad de algunos testimonios y se critica a las instituciones que responden tarde o a medias, no existe una conclusión clara, al estilo de Zodiac, de David Fincher, pues el caso no está cerrado. Más que ofrecer certezas, sugiere la existencia de fuerzas o poderes difusos tras los posibles culpables.

Detrás del proyecto se encuentra como productor el reputado Pablo Larraín, a través de su productora La Fábula, lo que sitúa la serie dentro de una línea autoral muy reconocible en el cine chileno contemporáneo. Su obra dialoga con una tradición reciente que no entiende la opacidad institucional como una anomalía puntual, sino como una estructura persistente de funcionamiento del poder, donde las verdades se fragmentan, se diluyen o directamente se bloquean.

En ese marco, la serie incorpora una lectura crítica —aunque no explícitamente panfletaria— sobre la actuación de distintas instituciones en el caso, incluida la Iglesia católica, utilizada más como símbolo de un sistema de autoridad y secretos que como objeto de acusación directa. No sorprende en la filmografía de Pablo Larraín, responsable de El Club, donde ya exploraba los abusos sexuales dentro de la Iglesia y, sobre todo, los mecanismos de encubrimiento. En esta serie, gran parte del metraje se articula en torno a un sacerdote que afirma conocer la verdad, pero que no puede revelarla por el secreto de confesión, lo que introduce un dilema moral central, la tensión entre el secreto profesional y la exigencia de justicia, al estilo de Yo confieso, de Alfred Hitchcock. Aunque se siembra la duda sobre la responsabilidad de la Iglesia, se juega a la ambigüedad y el personaje del sacerdote está construido con suficiente complejidad como para evitar la caricatura, mostrando bien su punto de vista.

Los actores trabajan desde la contención. Conmueve Paulina García como sufrida madre del desaparecido, un personaje que podría haber derivado fácilmente hacia el melodrama, pero al que aporta un enorme realismo. Alfredo Castro ofrece un buen contrapunto como el investigador policial Montero, que no se retrata como el típico detective infalible ni tampoco como un funcionario cínico: es alguien atrapado en una maquinaria que parece diseñada para diluir cualquier certeza. El tercer vértice interpretativo lo aporta Gabriel Cañas, que encarna al Padre San Martín, un sacerdote coherente y comprometido que sin embargo sufre al no poder declarar.